El concejal de Compromís y portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, explicó la moción para el próximo pleno en la que se pide que Benidorm preste un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico y económico a los afectados por las cláusulas suelo y los gastos de constitución de la hipoteca para que puedan recuperar su dinero. Además la moción también solicita que el Ayuntamiento haga difusión de este servicio con la colaboración de las plataformas de afectados por la hipoteca.
“Somos conocedores de las sentencias que señalan como abusivas las cláusulas suelo y los gastos de constitución de la hipoteca, y también conocemos que se han establecido un decreto ley por parte del Estado para que se devuelvan estos gastos y del servicio de la Conselleria de Justicia para ofrecer asesoramiento a través de los Colegios de abogados sobre este tema; es el turno de que el Ayuntamiento de Benidorm, mediante la oficina antidesahucios existente, también informe a los afectados por estas cláusulas hipotecarias y por eso proponemos esta moción”, explicó Bigorra.
Concretamente, la moción que irá para el pleno de febrero pide que la oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Benidorm ofrezca servicios gratuitos de información y asesoramiento jurídico y económico a las personas afectadas por las cláusulas suelo y por los gastos de constitución de la hipoteca para que puedan ejercer su derecho a ver recuperados los gastos abonados por estas cláusulas, que el Ayuntamiento colabore con la Conselleria de Justicia y el Colegio de Abogados de Alicante, y que la administración local, a través de sus canales de comunicación y participación informe las organizaciones sociales y vecinales de la ciudad con la colaboración de la PAH. “Desde la administración debemos ayudar a los ciudadanos y ciudadanas que sufren estos problemas relacionados con las hipotecas y que han sufrido el abuso de las entidades bancarias durante muchos años”, indicó el concejal.
Bigorra considera que esta moción va en la línea del grupo municipal de atención a las personas que han sufrido los abusos de los créditos hipotecarios y recordó que en abril del año pasado se aprobó una moción de Compromís-LV para instar al gobierno del Estado a cambiar la ley y recoger la exención de tasas e impuestos a las personas en riesgo de exclusión social por el riesgo a la pérdida de su vivienda, para dar cumplimiento a la propuesta de Benidorm como ciudad antidesahucios . Asimismo, el portavoz también señaló que desde hace meses en diferentes comisiones informativas pregunta por la finalización del reglamento de viviendas sociales del Ayuntamiento, una de las herramientas para poder desarrollar los listados de casas vacías o para evitar abusos de ocupación de las viviendas sociales para personas que no lo necesitan “y todavía no hemos obtenido respuesta; siempre falta un informe jurídico que nunca llega “.
Sobre las sentencias al respecto de las cláusulas suelo y gastos de los créditos hipotecarios, el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo anulaba las cláusulas suelo por su carácter abusivo. El mismo Tribunal lo ratificó en sentencia de 25 de marzo de 2015 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 21 de diciembre de 2016 también se pronunció al respecto. En paralelo, el Tribunal Supremo declaró en sentencia de 23 de diciembre 2015 abusiva la cláusula por la que una entidad bancaria impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario, lo que se puede denominar como gastos de constitución de la hipoteca.
Respecto a la gestión administrativa, el 21 de enero de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero de este año, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que establece, no sin críticas por parte de diferentes grupos políticos y por parte de los afectados por los créditos hipotecarios por ser insuficiente, las vías para reclamar la recuperación del dinero abonado en su día por estas cláusulas para aquellos que realizaron un crédito hipotecario. Finalmente por su parte, el 15 de enero de 2017 la Conselleria de Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados acordaron la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento legal para afectados por este tipo de cláusulas hipotecarias, ante la complejidad del proceso de recuperación del dinero, ofreciendo así información gratuita para todo aquel que lo desee.