La Concejalía de Movilidad requiere, entre otra documentación, el certificado de distribución de productos sanitarios
El Ayuntamiento de Benidorm planteará la viabilidad de proceder al cierre de los establecimientos de alquiler de sillas de ruedas autopropulsadas que no cumplan todos los requisitos que marca la ordenanza, y más concretamente de aquellos que carezcan de la autorización de actividad de venta al público de productos sanitarios que prevé el Decreto 250/2004 de la Generalitat Valenciana.
El edil de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha explicado que se ha remitido un escrito a los ocho establecimientos dedicados al alquiler de estos vehículos que aparecen en la base de datos de la Concejalía de Comercio con el fin de elaborar y completar el Registro Municipal de Sillas Autopropulsadas. En ese escrito, se las ha requerido que aporten antes del 2 de noviembre diversa documentación, como la copia de la licencia de apertura; la copia de la comunicación de actividad de fabricación a medida, distribución y venta al público de productos sanitarios en la Comunidad Valenciana; y la copia del modelo del contrato de arrendamiento que se entrega a los clientes para comprobar si se ajusta a lo que marca la ordenanza.
De Zárate ha señalado que los establecimientos que no aporten la licencia de apertura o que en sus contratos no especifiquen que el alquiler de estas sillas está limitado a personas con problemas de movilidad acreditados, con minusvalías o que sean mayores de 55 años incurrirán en una falta grave, “sancionable con hasta 500 euros”.
Por otra parte, en caso de que los establecimientos carezcan de la comunicación de actividad de venta al público de productos sanitarios los servicios jurídicos municipales estudiarán la posibilidad de decretar su cierre.
El concejal ha recalcado que el Ayuntamiento va a ser “muy duros” a la hora de hacer cumplir esta ordenanza a la vista del mal uso que en muchos casos se está dando de estas sillas de ruedas autopropulsadas, que están encaminadas a “facilitar la accesibilidad a personas con problemas de movilidad”. De Zárate ha recordado que en los últimos años el mal uso de estas sillas ha provocado “atropellos, accidentes y peligrosidad en las calles y aceras”, puesto que en algunos casos hay usuarios jóvenes que las utilizan bajo los efectos del alcohol.
De Zárate ha recordado que esta ordenanza se hizo para “intentar poner cerco” a estas malas prácticas –que se han traducido en “muchas denuncias y quejas de ciudadanos”-, y ha lamentado que aunque “se vendió a bombo y platillo a principios de año” la norma no se aplicó hasta mediados de 2015, ya con el nuevo gobierno. Hasta ese momento “no se imponían sanciones, ni se requirió a los establecimientos que aportaran la documentación que se les ha pedido ahora”. De hecho, las primeras sanciones se han impuesto este verano, periodo en el que también se han inmovilizado algunos de estos vehículos.