BENIDORM.- El Gobierno llevará al próximo pleno la tarjeta de residente y la rebaja del 17% en la zona azul

El adjudicatario podría pagar hasta medio millón de euros por explotar el servicio, además de llevar a cabo mejoras que redunden en la ciudad

El Gobierno local llevará al próximo pleno el nuevo pliego de cláusulas que regirá la gestión del servicio público de zona ORA, retirada de grúa y depósito de vehículos, tras ser dictaminado en la Comisión Informativa de Régimen Interior. El pliego contempla una bajada del 17% sobre el precio actual, lo que situará el coste de estacionamiento a 50 céntimos de euros la hora (una de las tarifas más bajas de España según la concejalía de Movilidad), y la tarjeta residente que contempla bonificaciones para los vecinos y vecinas empadronados en Benidorm y residentes en las zonas afectadas.

La concejal de Movilidad, Mª Carmen Martínez, ha subrayado que, “la rotación del estacionamiento es fundamental para preservar el modelo de centro comercial abierto de Benidorm”, y ha recordado que “tras el caos provocado por la anterior concesionaria, los problemas provocados por el PP al intentar judicializar el asunto, y los intereses de empresas del sector, este Gobierno local ha asumido una serie de compromisos que mantendrá hasta el final, y que redundarán en la mejora del servicio y las prestaciones, así como en el coste que supone para la ciudadanía”.

La edil se ha referido a la rueda de prensa realizada por el edil no adscrito Juan Ángel Ferrer, y ha destacado la transparencia con la que ha actuado el equipo de Gobierno. “Difícilmente podría encontrar en otras ciudades pliegos de forma tan detallada”, ha indicado. Martínez ha aclarado que el servicio se va adjudicar en una horquilla que podría alcanzar los 500.000 euros de canon más las mejoras a realizar en Depósito, Grúas y Parquímetros, y no por los 150.000 euros a los que él se refiere el concejal de la oposición, del que ha criticado numerosas imprecisiones e inexactitudes.

“No puede hablar de que habrá 1.523 plazas en invierno, y acusarnos de incrementarlas, cuando según documentación judicial, en el anterior contrato había 1.700. Es obvio que falta a la verdad”. Sobre el porcentaje de ocupación que Ferrer ha situado en el 91%, la edil ha acusado al edil no adscrito de “manipular a sabiendas y de forma injusta y torticera”, y ha añadido: “aunque no sea técnico en la materia, tiene sobrada capacitación para diferenciar entre ‘ocupación’ y ‘ocupación de pago’, es decir, en ninguna ciudad de España se alcanzan las cifras de ‘ocupación de pago’ a las que hace mención’”. Martínez ha explicado que en Benidorm “se alcanzan estos niveles solo en calles muy concretas y céntricas al 70% de ‘ocupación de pago’, es decir, la plaza puede estar ocupada sin efectuar pago por parte del usuario, porque además obvia el efecto de la implantación de la tarjeta de residente que minora la referida ‘ocupación de pago’”.

Sobre los datos técnicos ofrecidos por Ferrer sobre el cerramiento del depósito, al indicar que antes existían más metros, la edil le ha recordado que “al sacar este nuevo contrato por lotes y con menos plazas no se pueden exigir los mismos requerimientos”. En concreto, Ferrer dice que antes había 200 metros de valla y ahora 100, lo que Martínez considera “lógico”, ya que el tamaño exigido se reduce en 5.000 metros cuadrados. “Estamos ante pura demagogia exenta de todo rigor. Su formación universitaria debería facilitarle comprender más este asunto”, ha señalado.

La edil ha mostrado su “solidaridad con los trabajadores y sus familias, que están pasando por momentos de gran dificultad, pero que saben que desde este Gobierno municipal estamos haciendo todo lo posible para reconducir la situación y sacar el nuevo pliego lo antes posible”. Martínez ha lamentado que desde la oposición se “intoxique con datos falsos” y se utilice “la penosa situación de los trabajadores para sacar rentabilidad política”. En este sentido, ha emplazado a Ferrer a que aclare en sus propuestas la situación futura de los trabajadores actuales.

Sobre la posibilidad de municipalizar el servicio, Martínez ha revelado que “uno de los motivos por los que difícilmente este servicio puede ser municipalizado es por la deuda contraída por la anterior empresa adjudicataria en nominas y con la Seguridad Social que podrían ascender a más de 1 millón de euros, así como el evidente riesgo laboral para los trabajadores actuales”. “Tenemos la impresión de que el señor Ferrer utiliza sin escrúpulos la angustiosa situación de unos trabajadores para obtener un triste titular y poner fin así a su fracasada trayectoria política”, ha añadido. La edil ha indicado por otro lado que la Agencia Tributaria ha ido aminorando la deuda que tenía contraída la antigua concesionaria con ella que ascendía a 1,8 millones, pero la de la Seguridad Social ha ido incrementándose hasta niveles insostenibles”, ha finalizado.

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