BENIDORM.- El Letrado Mayor del Consejo de Reino, José Antonio García-Trevijano, ofrece una conferencia sobre el proceso catalán en el Rotary Club Benidorm

El abogado ha intervenido preparando el dictamen que el Gobierno ha aplicado a través del Tribunal Constitucional para el proceso de Cataluña

Unas 50 personas, entre ellas el alcalde de Benidorm, acuden al encuentro en el que el experto ha dado si opinión jurídica sobre la situación

El Rotary Club Benidorm ha celebrado este martes una conferencia sobre el proceso de independencia planteado en Cataluña de manos del Letrado Mayor del Consejo del Reino, José Antonio García-Trevijano, quien ha dado una visión jurista sobre la situación en esa comunidad autónoma.
El presidente del Club Rotary Benidorm, Jaime Carbonell, ha sido el encargado de presentar a García-Trevijano en el acto ofrecido en el hotel Madeira Centro de Benidorm, donde tiene su sede la entidad.
Al evento asistieron además unas 50 personas entre las que se encontraban el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez; el portavoz local del PSPV, Rubén Martínez, así como una decena de letrados de la provincia y otros miembros del Rotary. Antes de la conferencia, los asistentes guardaron un minuto de silencio por los atentados ocurridos en Francia el pasado viernes.
José Antonio García-Trevijano es uno de los juristas que ha intervenido preparando el dictamen que el Gobierno ha aplicado a través del Tribunal Constitucional para el proceso de Cataluña. Carbonell explicó que “Benidorm tiene que estar muy contento de tenerle aquí” ya que es uno de los profesores en derecho administrativo mejores de España”, opinó el presidente.
El Letrado Mayor del Consejo del Reino indicó que con la conferencia en el Rotary iba a “tratar de aportar mi opinión jurídica sobre el proceso que se está planteando en Cataluña, las medidas que desde el lado del Gobierno se están llevando a cabo, las impugnaciones y otras cuestiones”.
Así argumentó que la situación en esta comunidad autónoma es “un proceso evolutivo” en el que se están sucediendo pasos, tanto los que “va dando el Parlamento catalán” como el Estado con sus “recursos”. El último de ellos, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional hace unos días y se refiere a la “famosa decisión del Parlamento de prácticamente poner en marcha el proceso de independencia y declararse soberano” por l que “teóricamente” esta decisión “ya no tiene ningún valor”.
Con todo, “lo que tiene que suceder es que los funcionarios públicos en Cataluña sigan cumpliendo las leyes como hasta ahora. Si no las cumplen, si se producen nuevas decisiones o actuaciones singulares de desobediencia a la legislación, las consecuencias pueden ser de diverso tipo, fundamentalmente penales”.
Posibilidad de incurrir en un delito de Sedición
El letrado argumentó algunas de ellas y habló de la posibilidad de que se diera un delito de Sedición ante la decisión de Cataluña de incumplir la Constitución. Ese delito tiene que ver con “el levantamiento multitudinario en contra de la legalidad establecida”. En el caso catalán, habrían participado “unos 70 diputados catalanes por lo que parece que el levantamiento multitudinario se daría”.
Con todo indicó que “otra cosa es que los diputados no pueden ser sancionados penalmente por votos u opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo”. Por eso habrá que estudiar si “la inviolabilidad les afecta en ese caso o no”. En caso que no tengan esa protección, “sí podrían cometer un delito penado hasta con 15 años”.
El letrado añadió que además, se podría incurrir en otro tipo de delitos como “una desobediencia, delito de menor rango o pena, hasta un desacato o atentado a la autoridad o prevaricación”. “Se pueden acumular delitos y cada persona salpicar de una manera determinada”, apuntó.
En cuanto al artículo 155 del que habla la Constitución, García-Trevijano explicó que responde a un mecanismo que tiene el Estado de defensa de la propia Constitución para “los supuestos en los que una Comunidad Autónoma incumpla sus deberes o atente al interés de España”. Tiene incidencia cuando ya no tiene sentido seguir impugnando actos de la comunidad autónoma, “cuando el ordenamiento no basta”.
Si se decidiera su utilización, el Estado adoptaría las decisiones pertinentes destinadas a dar órdenes a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña, “no tanto hacer desaparecer la Comunidad Autónoma, sino a suspenderla total o parcialmente en sus actuaciones, a tomar el mando y a reconducir la situación”.

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