BENIDORM.- El municipio se adapta a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno con una ordenanza propia

El alcalde ya ha llevado a Comisión Informativa el borrador para que los grupos políticos puedan hacer aportaciones

El Ayuntamiento de Benidorm se adaptará a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno con una ordenanza propia. El alcalde, Toni Pérez, llevará al pleno de este mes la aprobación inicial de esta ordenanza, después de que el borrador elaborado por los técnicos municipales ya haya pasado por Comisión Informativa para que los diferentes grupos de la corporación puedan hacer sus aportaciones o sugerencias de cara a mejorar el texto.

El alcalde ha recordado que la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 2013 y daba a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos “un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones” de la misma.

Pérez ha remarcado que la confección de esta ordenanza ha sido “una prioridad” para el gobierno local por “una cuestión de convicción”. Además, los plazos eran bastante justos, ya que desde la aprobación de la Ley no se había avanzado en esta ordenanza.

Para elaborar este borrador, el Ayuntamiento ha tomado como modelo la ordenanza tipo elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”. Eso sí, Benidorm “ha querido dar un paso más allá y elaborar una normativa propia”, después de adherirse hace dos semanas al Acuerdo Marco de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la FEMP.

Los objetivos de esta ley y de la ordenanza son: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública; reconocer y garantizar el acceso a la información; y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas de incumplirlas.

La aprobación inicial de la ordenanza se incluirá en el orden del día del pleno de octubre, previsto para el día 26. En caso de ser aprobada se expondrá al público por un periodo de 30 días, en el que se podrán presentar alegaciones. Superado este plazo y resueltas las alegaciones, el texto volverá a pleno para su aprobación definitiva.

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