La sesión se ha retomado a las 16.30 horas tras un receso en que la Junta de Portavoces ha abordado las mociones con los técnicos
El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado seis mociones presentadas por la vía de urgencia por los grupos de la oposición municipal durante el pleno ordinario de julio, que ha dado comienzo a las 08.30 horas. Tras completarse el debate de todos los puntos del orden del día, la sesión se ha suspendido poco antes de las 14.00 horas para que la Junta de Portavoces abordara con los técnicos municipales el contenido de cada una de las citadas mociones de urgencia. Tras este receso, a las 16.30 horas se ha reanudado la sesión.
En esta segunda parte del pleno se ha aprobado con 22 votos a favor y el voto en contra de CBM una moción del PSOE en la que ha solicitado que las reservas de crédito de gastos menores pasen por comisión informativa antes de su aprobación (concretamente los gastos superiores a 6.000 € en contratos generales y los superiores a 20.000 € en los contratos de obras). El grupo socialista también ha solicitado que todas aquellas mociones que aprueben bases, baremos, precios, etc, sean debatidas previamente en comisión informativa, principalmente aquellas relacionadas con las áreas de Educación y Bienestar Social.
El pleno también ha aprobado por unanimidad la moción presentada al pleno por ‘Ciudadanos por Benidorm’ (CBM), y que ha sido enmendada por el PP, para celebrar una comisión extraordinaria de urbanismo que se encargue de investigar todo los relacionado con la condena del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la expropiación de los terrenos de ‘Hermanos Domínguez Martínez’ para el futuro parque de Foietes, así como la apertura de un expediente informativo con el objetivo de esclarecer si hubo funcionamiento irregular de los servicios municipales por no presentar recurso ordinario y, por otra parte, el porqué no se consignó partida presupuestaria para afrontar el pago de dicha sentencia.
Unanimidad también obtuvieron las dos mociones de urgencia presentadas por el grupo Ciudadanos (C´s). La primera de ellas propone crear una comisión con representación de todos los grupos políticos municipales para estudiar la recuperación del cobro de todos los tributos y las tasas municipales “en periodo voluntario” una vez concluya el convenio con SUMA o, en su caso, negociar unas mejores condiciones económicas para el Ayuntamiento. La otra moción que recibió el respaldo del pleno pide solicitar a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar declarar zonas de fondeo ecológicas la Cala del Tío Ximo y la Cala de La Almadraba para la instalación de boyas ecológicas que sirvan como puntos de amarre, al tiempo que se retiran las boyas existentes –“no estandarizadas”- en la zona de fondeo del Rincón de Loix. La moción también refleja la necesidad de iniciar los trámites para legalizar el espigón del Rincón de Loix.
Con el respaldo de 22 concejales de la corporación y la abstención de CBM también se aprobó la moción del Grupo Liberales para iniciar la tramitación que permita modificar la Ordenanza Municipal de Venta No Sedentaria, creando un grupo de trabajo con la Asociación de Comerciantes de Benidorm y Provincia (AICO), con el objetivos de incorporar a dicha ordenanza todas aquellas cuestiones que interesen al comercio local, con el fin de disponer de una ordenanza consensuada con el sector comercial.
Los Liberales presentaron otra moción, aprobada también por unanimidad de la corporación y enmendada por el PP, en la que piden que se inicien los trabajos para adaptar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a la legalidad formal y presupuestaria, delimitando en ella funciones y retribuciones con el consenso de las organizaciones sindicales y de la Mesa de Negociación, aplicando los sistemas de optimización de funcionamiento que fija en la Unión Europea en el programa CAF, programa que ya se aplica con éxito en el área de Tesorería (este último punto ha sido incluido merced a una enmienda de adición presentada por Compromís-Los Verdes). La moción también pide implantar un sistema de control de asistencia antes del uno de enero y, por otra parte, instar al Gobierno de España a que permita al Ayuntamiento de Benidorm iniciar los trámites para devolver el 75% de la paga extra suprimida en el año 2012 a los funcionarios municipales.