Reclama a Costas la concesión de las construcciones de la isla para crear un centro de interpretación; y al Gobierno, la cesión de la casa de peones camineros para un centro cívico-social
El pleno de Benidorm ha aprobado con el voto favorable de toda la Corporación, la propuesta del alcalde, Toni Pérez, para solicitar al Consell la “Condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana” para Benidorm, en base al nuevo decreto autonómico aprobado el pasado 10 de enero que desarrolla la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de 2018. La portavoz del equipo de gobierno, Lourdes Caselles, ha recordado que “con la Ley del Turismo de 1998” Benidorm fue reconocido como Municipio Turístico por lo que la ciudad “podía acceder por convocatoria a un fondo de compensación” que aportaba la Generalitat Valenciana y que en los años de aplicación de la Ley superó los 9 millones de euros. No obstante, esa compensación quedó en suspenso con la tramitación de la nueva Ley del Turismo.
Una vez aprobado el decreto regulador del Estatuto del Municipio Turístico, es “indispensable dar pasos para obtener ese reconocimiento” que permita acceder a financiación autonómica que “palie el esfuerzo económico que como municipio turístico debemos realizar permanentemente, mucho más allá de la propia población empadronada, en la prestación de los servicios de todos los que nos visitan”. Tal y como ha señalado la portavoz, la Generalitat tiene ahora “seis meses” de plazo “para resolver esta petición”.
Embarcadero y las construcciones existentes en la isla de Benidorm
Con idéntico resultado, la Corporación ha acordado solicitar a la Dirección General de Costas la concesión sobre el embarcadero y las construcciones existentes en la isla de Benidorm en base al proyecto básico de rehabilitación integral de dichas construcciones en un Centro de Interpretación y por “el plazo máximo posible” conforme a la Ley de 1988.
La portavoz del gobierno ha indicado que a través de ese Centro de Interpretación se quiere “poner en valor” la relevancia ambiental de la isla, sobre todo de “sus fondos marinos”. En este sentido, ha recordado que desde 1966 la isla es espacio protegido municipal y desde 1990 dispone de un Plan Especial de Protección. Además está incluida en la Red Natura 2000 de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana y en la demarcación del Parque Natural de la Serra Gelada, constituido en 2005 y que es primero marítimo-terrestre de la Comunitat.
Caselles ha indicado que la rehabilitación de las construcciones existentes contempla “demoler una parte” de las mismas y la “integración paisajística” del nuevo Centro de Interpretación. Asimismo, ha recordado que este proyecto es el resultado de “un trabajo muy extenso” y de numerosas reuniones con la Dirección General de Costas para “poner aún más en valor” la isla, que además de baluarte ambiental es también “icono” de Benidorm y un “gran atractivo turístico”.
Aparcamiento Plaza SSMM Reyes de España
Por mayoría, ha prosperado la propuesta de aprobar el cambio del modo de gestión del aparcamiento situado en la Plaza SSMM Reyes de España que, en base a los informes técnicos y la auditoría realizada al efecto, pasará a ser “de gestión directa con auxilio de una empresa privada”. Según ha indicado el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, esta nueva fórmula de gestión va a suponer “un salto de calidad para el aparcamiento comercial en el centro de Benidorm”, y que el Ayuntamiento sea quien controle y determine “las tarifas”, pudiendo establecer tarifas “para el comercio y restauración, para trabajadores, de tipo social o para residentes”.
De Zárate ha señalado que “el Ayuntamiento ya ha notificado a la empresa que gestiona actualmente este aparcamiento que el 30 de mayo finaliza la concesión” y le ha trasladado “las actuaciones” que ha de realizar para “que entregue estas instalaciones en perfectas condiciones”. Unas actuaciones que la mercantil “ya está ejecutando”.
Con la aprobación plenaria, se inicia ahora el trámite para redactar el pliego de condiciones para contratar a la empresa auxiliar.
Tramo de la carretera CV-753
Por unanimidad ha prosperado la moción presentada por el alcalde para pedir a la Diputación Provincial de Alicante que ceda al Ayuntamiento el tramo de la carretera CV-753, que enlaza con l’Albir popularmente conocida como ‘turística’, a su paso por Benidorm. Se trata, concretamente, de un tramo de 1,6 kilómetros, que se inicia en la avenida Doctor Severo Ochoa y que se prolonga hasta el término municipal de l’Alfàs del Pi, a la altura del trinquet ‘Vicente Pérez Devesa’. El edil de Obras, José Ramón González de Zárate, ha indicado que incorporar estos 1,6 kilómetros a la trama urbana municipal tiene “ventajas” en términos urbanísticos, ambientales y de movilidad, y ha recordado que “en la práctica este tramo de la CV-753 ya funciona como una vía urbana por la frecuencia del tráfico, por su ubicación, así como por la existencia de zonas terciarias totalmente consolidadas, un camping, un colegio, una finca de eventos y huertas”.
Además, “desde hace años el Ayuntamiento asume los costes de suministro del alumbrado público, así como el mantenimiento de la mayoría de servicios auxiliares de la carretera”. De ahí que los técnicos insistan en “la idoneidad y pertinencia de asumir la titularidad y gestión de estos 1,6 kilómetros para así, además, poder dotar a esta vía de las infraestructuras y servicios necesarios” en relación a la red de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, pluviales, gas natural y telecomunicaciones.
De Zárate ha apuntado también que asumir la titularidad y gestión de esta vía posibilitaría potenciar la movilidad sostenible al aumentar la frecuencia, número de líneas y paradas del transporte urbano; fomentar el uso de la bicicleta; calmar el tráfico y reducir las velocidades actuales; mejorar los servicios; rebajar la accidentalidad; y minorar las emisiones y el ruido”. Asimismo, al convertirse en vía urbana se pueden generar zonas de ajardinamiento, mejorando la imagen de este acceso a Benidorm.
Contratación
Con mayoría, el pleno ha aprobado la propuesta para aprobar el precio del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para el año 2020. El concejal del área, José Ramón González de Zárate, ha indicado que el Ayuntamiento abonará en 2020 por el servicio prácticamente el mismo importe firmado en 2013 por el entonces gobierno socialista. La diferencia entre el importe de 2013 y el que se va a abonar en 2020 viene marcada por la subida anual del IPC y por la salvedad de tener que abonar el alquiler de nuevos vehículos, al estar los actuales completamente amortizados desde 2010. No obstante, edil ha recalcado que “el ciudadano no va a pagar ni un euro más por el servicio”.
De Zárate ha aclarado que en 2018 y 2019 el Ayuntamiento abonó a la concesionaria un millón de euros menos de lo presupuestado, en aplicación de la auditoría externa Faura Casas, si bien esta cuantía es en estos momentos objeto de reclamación judicial por parte de la concesionaria.
También en materia de contratación y con idéntico resultado, se ha decidido comunicar a la empresa SICE, concesionaria del alumbrado público y de las instalaciones de regulación de tráfico, que deberá “continuar con la prestación del servicio en los términos actuales” hasta “el 30 de septiembre”, fecha en la que se estima que habrá ya nuevo adjudicatario. A este respecto, De Zárate ha aclarado que “por decisión técnica” y en base a la normativa estatal el actual contrato se va a dividir en dos: uno referido a los servicios de tráfico y otro exclusivo para el alumbrado público.
Respecto al contrato de los servicios de tráfico, el edil ha avanzado que en breve pasará por la fase de fiscalización, el último trámite previo a su licitación. Sobre el de alumbrado, ha indicado que “únicamente se va a sacar a concurso el mantenimiento”, puesto que según los cálculos de los técnicos esta fórmula es la más provechosa para el Ayuntamiento. De Zárate ha recordado que “sólo en 4 años el Ayuntamiento ha conseguido un ahorro energético de un millón de euros gracias a las medidas aplicadas para la reducción del consumo y a la adhesión de Benidorm a la Central de Compras de la Diputación Provincial de Alicante”.
En el mismo acuerdo, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial por importe de 422.204,70 euros para abonar las facturas a la actual concesionaria, correspondientes al periodo agosto 2019-enero 2020.
Con el voto unánime, el pleno ha acordado aumentar los servicios puestos a disposición de emprendedores mediante la creación de un nuevo espacio ‘coworking’ e incubadora empresarial en las dependencias municipales ubicadas en el edificio Anna, situado en la calle Gerona. La responsable de Empleo, Mónica Gómez, ha recordado que en estos momentos Benidorm dispone de un ‘coworking’ con nueve espacios de trabajo, si bien “consideramos responsable anticiparse a las necesidades del sector y dotar tanto a los jóvenes emprendedores que quieran iniciar una actividad como a las empresas que deciden desarrollar sus proyectos en nuestra ciudad de un nuevo espacio municipal en el que puedan impulsar y desarrollar sus iniciativas”.
Con el apoyo de toda la Corporación, se ha ratificado el informe emitido por el secretario municipal el pasado mes de diciembre en relación a los convenios urbanísticos del APR-7. El acuerdo incluye desestimar las alegaciones presentadas en trámite de audiencia por un propietario.
Día Internacional de la Mujer
Por otro lado, de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, por unanimidad se ha aprobado una moción de la edil de Igualdad, Ángela Zaragoza, en la que se reclama la promulgación de una Ley nacional de Igualdad Laboral que garantice “de manera efectiva el derecho a la conciliación, así como las medidas que hagan posible la igualdad en el empleo”. Tal y como recoge la moción, en el plano laboral “las mujeres siguen sufriendo desigualdades respecto a los hombres, encontrándose con obstáculos como ‘el techo de cristal’”, y con la necesidad de reivindicar el “uso de un lenguaje inclusivo”.
Además de una Ley de Igualdad Laboral, la propuesta incluye pedir también al Gobierno de España que ratifique el Convenio 189 del OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en el hogar y los cuidados; y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con los Pactos estatal y autonómico contra la violencia de género.
Entre los acuerdos que recoge la moción está el de “impulsar políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer”; y el compromiso del Ayuntamiento de “propiciar desde las diferentes áreas municipales, que todas las personas, cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios públicos, para que las tareas de cuidado familiar no supongan una desigualdad a la hora de la integración efectiva de la mujer en la laboral y/o carrera profesional”.
Asimismo, a iniciativa del grupo municipal del PP, se ha aprobado por mayoría una moción para instar al Consell a que reclame formalmente al Ministerio de Hacienda el IVA correspondiente al año 2017 por importe de 281 millones de euros; y que, en caso de no abonarse dicha cuantía, se emprendan “las acciones legales que correspondan para la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana”.
En la misma sesión se ha dado cuenta del informe técnico sobre el pliego de condiciones que regirá el contrato de gestión pública de bicicletas; así como de la propuesta de la concejal de Deportes, Mariló Cebreros, de ratificación de subvenciones a entidades y clubes deportivos concedidas en 2011. También se ha dado cuenta de la remisión al Gobierno de España del acuerdo relativo a la adopción de medidas y actuaciones en materia de recursos hídricos aprobada en el pleno anterior.
Mociones de urgencia
Por la vía de urgencia y por unanimidad, se ha aprobado solicitar al Ministerio de Hacienda la cesión definitiva de la casa de peones camineros de la vía Emilio Ortuño para destinarlo a centro cívico-social a favor de la Asociación Vecinal del Saladar y usuarios en general, para que el mismo acoja además una extensión administrativa municipal. El concejal de Patrimonio General, Jaime Jesús Pérez, ha explicado que tras las gestiones realizadas con los Ministerios de Hacienda y Fomento se recibió a principios de mes un oficio “en el que se requería al Ayuntamiento que traslada el fin al que se quiere destinar el inmueble” para estudiar la viabilidad de la cesión de esta antigua casa de peones camineros, que cuenta con una parcela de 384 metros cuadrados y una edificación de 138 metros cuadrados.