BENIDORM.- El PP pide la municipalización del servicio de Grúa

Los Populares califican de vergonzosa la ocultación del gobierno de dicha resolución y recuerdan que el TARC fue una medida del último gobierno de Zapatero “para atajar la corrupción en la contratación pública”

El Gobierno local considera al PP “el menos indicado para dar lecciones contra la corrupción”

Conocida por los medios la Resolución adoptada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales como consecuencia del acuerdo plenario adoptado en solitario por socialistas y liberales el pasado mes de agosto, el Grupo Municipal del Partido Popular se ha mostrado en la mañana de hoy contundente con la pésima gestión del gobierno de Navarro y Amor, y clarificador respecto a los pasos que debería dar a partir de hoy este Ayuntamiento.

Para los Populares, titulares como “un tribunal ‘tumba’ el concurso de la zona azul y la grúa y obliga al Ayuntamiento a corregir los pliegos o “el Tribunal de Contratos tumba el pliego de la ORA por coartar la participación de empresas” serían más que suficientes para que se asumiera por el gobierno alguna que otra responsabilidad”.

Para el Portavoz de los Populares, Antonio Pérez, “las noticias que hoy desarrollan diversos medios de comunicación y en las cuales, entre otras cuestiones, se recoge que “el fallo destaca que se exigían requisitos tan variados para la adjudicación que «sólo» podían concurrir quienes «casualmente pudieran imaginarse un contrato”, que “el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales acepta el recurso de dos grandes empresas del sector y concluye que el contrato restringe la participación y favorece a algunas mercantiles” o que dicho Tribunal “desecha todos los argumentos municipales e insta a licitar por “lotes” la ORA, la grúa, el control de velocidad y la señalización”, son dañinas para la imagen de Benidorm, de su Ayuntamiento y desacredita a los políticos que votaron a favor de los pliegos ahora anulados”.

Para Pérez, es intolerable que los vecinos de Benidorm tengamos que soportar que se afirme que, si bien el Tribunal en su auto “no habla textualmente de un traje a medida, pero da muchos apuntes que podrían llevar a esta conclusión. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha tumbado el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el gobierno local de Benidorm, formado por PSOE y CDL, para adjudicar el servicio de grúa y zona azul a una nueva empresa tras la rescisión del contrato a ParkControl 2000. La decisión se sustenta en que, en opinión de dicho tribunal, los requisitos exigidos en el pliego «restringen notablemente la libre concurrencia» de empresas licitadoras, lo que obligará ahora al Ayuntamiento a rehacer por completo el pliego e iniciar un nuevo proceso de licitación por concurso público”.

“Y eso que, según el gobierno de Navarro y Amor, ha señalado Antonio Pérez, estábamos ante un “contrato novedoso y pionero”, pues así lo calificaron cuando aprobaron el pasado 4 de agosto, y en solitario, el pliego al que, dicho sea de paso, parece ser sólo concurrió una única oferta”.

Pérez ha recordado que según lo publicado “el objeto del contrato, denominado de «Movilidad urbana y seguridad vial», pretendía aglutinar bajo una misma concesión la gestión de los servicios de zona azul, retirada de vehículos, inmovilización y depósito de vehículos, señalización viaria y control de velocidad en el casco urbano, más otros adicionales, por un periodo de diez años y a cambio de un canon anual de 5.000 euros, destacándose que la resolución contempla que «el único nexo de unión que existe entre las diversas prestaciones es que se refieren a la movilidad y la seguridad vial, fuera de lo cual, carecen entre sí de la necesaria vinculación material». Esta acumulación de tareas, según el mismo documento, requeriría de «una experiencia, unas capacidades y unos medios, materiales y humanos, muy distintos entre sí y que rara vez van unidos en un mismo contratista». De ahí que, «al unirlas todas en un mismo contrato, es indudable que se restringe notablemente la libre concurrencia, ya que muy pocos contratistas están capacitados para prestar, simultáneamente, tan diversas tareas»”.

Destacan igualmente los medios en sus publicaciones la “rigurosidad y laxitud a la vez”, señalando que “este hecho, al juicio del Tribunal, «bastaría para anular la licitación pública». Pero, sin embargo, la resolución va más allá. Por un lado, entiende que algunos requisitos, como la solvencia económica de las empresas, «son demasiado laxos, ya que no exigen una cifra mínima en cuanto a volumen de negocio y, sin embargo, son demasiado rigurosos a la hora de medir la solvencia técnica», algunos de los cuales se exponen en la tabla anexa a esta información, y que el Tribunal considera que hay que retirar, o al menos aclarar, en el nuevo pliego”.

En su escrito, los Populares trasladan al alcalde que “con todos estos antecedentes, y aunque el gobierno que Vd. preside ha ocultado (y sigue ocultando) hasta hoy dicha Resolución, fechada según su propia delegada de Movilidad el pasado 24 de octubre, pese a la celebración el pasado lunes de Comisiones Informativas y de Pleno, en el que además se produjo la circunstancia de que un vecino le formuló preguntas a Vd. con relación a los servicios de Grúa y la concesión de Zona Azul, siendo hoy más que paradójica la respuesta que Vd. Sr. Navarro Alvado le ofreció, lo cierto y verdad es que lo que hoy más nos sorprende es la nota oficial emitida por su delegada de Movilidad en el día de ayer”.

Igualmente, recuerdan que “en ella, se señala que su delegada de Movilidad, Tráfico y Transporte “ha anunciado que su departamento sacará de nuevo un pliego de condiciones para gestionar la zona azul y el servicio de grúa, tras conocer que un tribunal ha anulado la convocatoria aprobada por el pleno” y destacando que “ni el Gobierno local ni los técnicos municipales estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado este Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que es por otra parte la entidad que recauda actualmente los ingresos por la zona azul para satisfacer sus deudas. Podríamos presentar un recurso contencioso administrativo, pero ante la posibilidad de que el proceso se demore otros cuatro o cinco años, hemos optado por anteponer el interés general, no perder ni un solo minuto y trabajar en la elaboración de un nuevo pliego agilizando los plazos”, ha explicado Martínez al tiempo que lanzaba un mensaje que pretende ser de apoyo a los trabajadores de la actual concesión, señalando que “somos conscientes de la situación que están pasando y queremos solucionar este problema cuanto antes, ya que de ello dependen muchas familias así como la seguridad vial de la ciudad”, indicaba su edil.

“Y precisamente estos argumentos con los trabajadores y el único servicio público obligatorio de este Ayuntamiento la prestación del servicio de grúa nos hacen hoy tener desde el Grupo Municipal del Partido Popular una postura firme con respecto a lo que toca hacer ahora en Benidorm: Municipalizar el servicio de Grúa y, atendiendo a los actuales trabajadores que explotan este servicio básico y obligatorio con la actual concesionaria, asumir en dicha municipalización el servicio de ORA” ha destacado Antonio Pérez.

“Por todo lo anterior, esta misma mañana hemos remitido un escrito a la alcaldía en el que solicitamos ante Agustín Navarro que a la mayor brevedad posible se remita a este Grupo municipal COPIA íntegra de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), fechada el pasado viernes 24 de octubre. Que por la alcaldía se adopten cuantas medidas sean oportunas para que, a la mayor brevedad posible y por este Ayuntamiento se aborde la asunción de la gestión directa (municipalización) del servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos (Grúa), garantizando así un servicio municipal básico como es el de la Grúa, así como la Zona Azul ligada a éste por concesión, para igualmente garantizar la absorción por este Ayuntamiento de las correspondientes plantillas de acuerdo a la Legislación vigente y al Convenio Colectivo que les regula y que, de forma inmediata, y por el propio Agustín Navarro se proceda al cese del asesor de Movilidad, el Sr. José Francisco Bañuls”.

Conrado Hernández

El concejal de Presidencia, Conrado Hernández, ha lamentado esta mañana que el portavoz del Partido Popular, Antonio Pérez, haya aludido a la corrupción en su comparecencia pública para valorar la decisión de anular el pliego de la zona azul tomada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. “Es el menos indicado para hablar de corrupción y pedir ceses, cuando su partido no ha hecho nada para luchar contra la corrupción y continúa sin hacerlo como estamos viendo en Alicante con Sonia Castedo o en las Cortes Valencianas”, ha añadido. “Deberían de tener un poco más de vergüenza para aludir a la corrupción, ellos que son los que trajeron al empresario Enrique Ortiz a esta ciudad y los que han provocado 60 millones de euros de sobrecostes en obras faraónicas como la Estación de Autobuses y el Ayuntamiento, entre otras”, ha argumentado.

Hernández ha aludido también al concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, y su “obsesión con las cajas fijas, queriendo sembrar la sombra de sospecha sobre unas facturas que conoce, precisamente, porque a diferencia de lo que ocurre en Valencia o en Alicante, aquí son públicas y todos los ediles pueden revisarlas. No hay nada malo ni nada que ocultar. Ya está bien de demagogia y de falsas acusaciones. No lo vamos a tolerar”.

Luz y taquígrafos en el procedimiento
En referencia a la resolución del TACRC, el edil ha recordado que toda la tramitación para el pliego de condiciones de Movilidad Urbana y Seguridad Vial se realizó “por parte de los técnicos, no de los políticos”, y se hizo además siguiendo “la máxima transparencia”. El concejal ha calificado de “trámite de normalidad democrática” el recurso que dos empresas presentaron ejerciendo su derecho, que ha sido aceptado y, consecuentemente, el pliego se ha anulado. “Se hará uno nuevo siguiendo el procedimiento establecido y con todas las garantías para las empresas que quieran concurrir. Con luz y taquígrafos”, ha indicado.

El concejal ha reiterado que el Gobierno “podría recurrir la decisión, y probablemente ganaríamos, pero preferimos solucionar de la forma más rápida posible este conflicto, que se ha demorado por los incumplimientos de la anterior concesionaria y por el interés del PP en judicializar el caso”. Hernández ha recordado que el pliego que se elaboró era “pionero y muy ambicioso, y ese precisamente ha sido el fallo, querer hacer una gran acción de señalización y que las sinergias de varios contratos redundaran de la forma más amplia en los ciudadanos de Benidorm”.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario