El tribunal anula la cesión al municipio de una parte de los accesos del parque
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha anulado la cesión al Ayuntamiento de Benidorm del vial 7673 de accesos a Terra Mítica que pretendía la Generalitat Valenciana. Esta cesión obligaba al Ayuntamiento a asumir los costes de mantenimiento y conservación de este vial –la avenida Eduardo Zaplana- así como de las instalaciones auxiliares de alumbrado y semaforización. Unos costes que hasta la fecha costea la SPTCV, que es la titular del vial, y que los técnicos municipales cifraban en 1,7 millones de euros al incluir también las zonas verdes y el coste energético.
La sentencia, dictada el pasado 18 de noviembre y notificada este viernes, estima parte del recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra el Decreto 49/2013 que aprobó el Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, y deja fuera del anexo II la cesión de este vial.
La Generalitat pretendía hacer efectiva esta cesión afirmando, entre otras cosas, que este tramo “ya fue objeto de cesión al Ayuntamiento” en abril de 2001 y que, en consecuencia, “no supone asunción de obligaciones nuevas” para Benidorm, sino que “su inclusión en el catálogo es meramente formal”. Sin embargo, el Ayuntamiento aclaró que el vial que se cedió en 2001 fue el que “se corresponde con la avenida Juan Pablo II”, no con la avenida Eduardo Zaplana.
Tras las oportunas constataciones, el TSJ da la “razón” al Ayuntamiento ya que el vial que se quería dejar a la administración local no es el que se entregó en 2001 y acto seguido declara que la cesión pretendida no es conforme a derecho. “No se trata de la consolidación de una transferencia ya consolidada”, concluye.
Contra esta sentencia sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El portavoz del gobierno local, José Ramón González de Zárate, ha asegurado que esta sentencia es “una buena noticia” para Benidorm, ya que “exime al Ayuntamiento de tener que pagar 1,7 millones de euros que no había consignados”.
“Tener que pagar esa cantidad por el mantenimiento del vial, de las zonas verdes y del alumbrado hubiera supuesto una carga muy importante para las cuentas municipales y nos habría obligado a restar dinero de inversiones para dedicarlo a este fin, algo que tras esta sentencia no habrá que hacer”, ha apuntado.