BENIDORM.- Esquerra Unida Benidorm considera ilegal la parcelación de las playas y estudia la posibilidad de interponer la pertinente denuncia

El colectivo local de Esquerra Unida se ha mostrado en contra de la manera en que se han parcelado las playas de Benidorm y han asegurado que el hecho de que se reserven 8 de los 20 sectores en los que se han dividido las playas para uso exclusivo de la concesionaria supone la apropiación de dominio público marítimo-terrestre, contraviniendo la Ley de Costas.
Por su parte, el coordinador local de la formación, Fran Casellas ha manifestado que: “tenemos claro que en el contexto actual hay que establecer limitaciones al acceso y uso de las playas, pero únicamente por motivos de salud pública y atendiendo a criterios médicos. Es inadmisible que el Ayuntamiento dé respuesta a los problemas de Benidorm incumpliendo la Ley para satisfacer los intereses particulares de su red clientelar.” Casellas ha añadido que: “hacer que el 40% de la playa sea de pago es una medida discriminatoria porque muchas familias no podrán permitirse disfrutar de uno de nuestros tesoros más preciados. Se ve que para el PP siempre ha habido clases.”

En relación al proyecto de reapertura de las playas (Benidorm Beach Safety), la formación de izquierdas ha denunciado que costará más de 3 millones de euros a las arcas municipales “por culpa de una pésima y desleal gestión por parte del Ayuntamiento”. Lo cierto es que el Ayuntamiento dejará de ingresar el millón y medio de euros del canon de explotación que paga la concesionaria del servicio de playas; y por otro lado, el control de acceso y aforo, así como la plataforma digital que se ha habilitado para las reservas supondrán el otro millón y medio. Respecto a esto, Casellas ha aclarado que: “dicho proyecto se ha realizado de la mano de Visit Benidorm, con lo que se demuestra que el PP no sólo privatiza bienes y servicios públicos, sino que también ha privatizado el propio Ayuntamiento al actuar por encargo de la patronal anteponiendo los intereses de unos cuantos a los de la ciudadanía.”
En cuanto a la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento y la concesionaria del servicio de playas, desde EU han asegurado que están “estudiando todas las opciones” y han recordado que la Ley de Costas establece que “la utilización del mar y su ribera será libre, pública y gratuita” y que “la explotación de servicios de temporada en ningún caso podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas”, por lo que la decisión tomada por el Ayuntamiento “supone un claro quebranto de la Ley de Costas y posiblemente un delito de prevaricación”. Por último, Casellas ha manifestado que: “nuestra intención es que este latrocinio se revierta lo antes posible y que se asuman las responsabilidades políticas pertinentes. En este sentido, no tenemos más opción que exigir las dimisiones de la responsable de Playas Mónica Gómez y del Alcalde Antonio Pérez por su actitud desleal y posiblemente prevaricadora.”

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