BENIDORM.- Siete municipios de la Marina Baixa pactan elaborar un plan de viabilidad para pagar la deuda pendiente al Consorcio de Residuos

Agustín Navarro y los alcaldes de L’Alfàs del Pi, Polop, Orxeta, Bolullà, Beniardà y Benimantell hacen un frente común en defensa de los intereses de sus vecinos ante la subida del canon de vertidos

El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y sus homólogos en L’Alfàs del Pi, Polop, Orxeta, Bolulla, Beniardà y Benimantell se han reunido esta mañana en la localidad de Orxeta con el fin de analizar la situación generada ante la reclamación del Consorcio de Residuos de la Zona XV, representado por la empresa concesionaria (FCC), de una deuda de 3,94 millones de euros.

Los representantes de estos municipios, con alcaldes pertenecientes al PSOE, pretenden evitar que sus vecinos se vean afectados de la subida del canon de vertido, aprobada el pasado 15 de mayo por los representantes del Partido Popular, que conforman la mayoría del consorcio. Los consistorios actúan como intermediarios entre los vecinos y el servicio que realiza el ente supracomarcal para la Marina Alta y Marina Baixa a través de la planta de El Campello. El canon en cuestión incluye amortización y toneladas de vertido y es uno de los tres aspectos que conforman la tasa de residuos urbanos junto a la recogida y transferencia o transporte.

En representación de todos ellos, el alcalde de Orxeta, José Vicente Férriz, ha explicado que el Consorcio aprobó con la oposición de los consistorios socialistas subirlo un 12%, hasta los 50,6 euros la tonelada. La subida se aprobó con efectos retroactivos para 2011 y 2012, lo que ha creado una deuda de 1.761.364,79 euros y 2.175.135,95 euros en los municipios de las dos comarcas.

“Los ayuntamientos no teníamos presupuestadas estas cantidades que se pretende aplicar de ejercicios ya cerrados. Nosotros no podemos estar revisando continuamente la cantidad que tenemos que pagar a Fomento, que es la empresa que lo gestiona, ya que se nos descuadran las cuentas e infringirían un serio perjuicio económico a los vecinos”, ha indicado Férriz. “Hoy hemos acordado pagar la cantidad pendiente de acuerdo a un plan de viabilidad consensuado y, además, exigir al Consorcio que el precio al que cobra la tonelada sea cerrado y no se varíe para evitar estos problemas”, ha añadido.

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