Los populares ven indicios de delito en la otorgación de licencias de edificación en suelo no urbanizable y sin la previa y preceptiva Declaración de Interés Comunitario
El Partido Popular de L’Alfàs del Pi ha ratificado la denuncia contra el concejal de Urbanismo del equipo de gobierno socialista, Vicente Andrés Soler Soler, por un presunto doble delito de prevaricación administrativa y prevaricación urbanística, al autorizar el edil diferentes licencias, una de ellas de obra mayor, a la mercantil “La Colina del Albir S.L”, para la puesta en funcionamiento de una actividad de área de servicio de caravanas y autocaranas en la calle Serra Gelada. Una zona calificada como rústica en las inmediaciones del Parque Natural.
La denuncia se ha ratificado ante el juzgado número 1 de Benidorm, quien ha admitido a trámite la misma, y ahora tendrá que dictaminar si las actuaciones realizadas por el concejal, y autorizadas por el alcalde y el secretario municipal, constituyen un delito de prevaricación, tras las diligencias judiciales que se iniciarán para encausar a los acusados.
Los hechos denunciados se remontan a 2011, cuando el concejal de Urbanismo concedió licencias en precario a la mercantil para la construcción de edificaciones para la actividad, entre ellas un edificio de dos 
plantas de 424 m2 en suelo no urbanizable y sin la previa y preceptiva declaración de Interés Comunitario (DIC).
El Partido Popular considera que además de una evidente “violación del terreno y destrucción de masa forestal” ha podido existir un presunto trato de favor y prevaricación que podría estar demostrado al recoger el nuevo Plan General de Urbanismo que ha redactado el equipo de gobierno socialista una nueva calificación para esta parcela, con lo que habilitaría legalmente la edificación construida.
Los populares “ven muy extraño y sospechoso” que el propietario de la mercantil haya realizado una gran inversión en un terreno donde no estaba permitido construir y haya iniciado una actividad ilegal de manera irregular, aunque el contar con el beneplácito del concejal de Urbanismo y la posible promesa de recalificar ese terreno en el nuevo PGOU, como se pretende, “podría clarificar lo sucedido” y el riesgo que ha asumido el empresario, han subrayado desde el PP.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, Maite Huerta, ha recordado las presuntas irregularidades urbanísticas que puede contener el PGOU que quiere aprobar el gobierno del PSOE, señalando que ya existen informes contrarios de Generalitat que obligan a su paralización.
Maite Huerta ha lamentado “la falta de transparencia y el afán de ocultar información y hacer poco transparente la labor del Ayuntamiento” que ha llevado a los populares a tener que solicitar numerosos expedientes a través de los juzgados. Precisamente, con documentación que el alcalde ha tenido que entregar al PP por orden judicial, se ha podido comprobar este presunto delito de prevaricación que tendrá que dictaminar un juez.