L’ALFAS.- La justicia investigará los posibles delitos cometidos en el Auxilio de Animales

Tres concejales socialistas del equipo de gobierno, el Secretario y una técnico podrían ser inculpados por cometer diferentes infracciones penales

La jueza de instrucción del juzgado número 4 de Benidorm ha admitido a trámite la denuncia presentada para esclarecer los hechos ocurridos en el Auxilio de Animales del municipio y el presunto maltrato cometido contra los animales, así como los posibles responsables de los delitos acaecidos, entre los que podrían encontrarse diferentes concejales del equipo de gobierno socialista que encabeza Vicente Arques.
La edil del PP, María Eugenia Villanueva, con el apoyo de su grupo municipal y un buen número de vecinos de la comarca denunciaron los hechos el pasado mes de noviembre, e instaron al alcalde al cierre inmediato del centro por el estado de abandono de las instalaciones, el maltrato en el que mantenían a los animales y las numerosas irregularidades administrativas que presentaba, como la subvención de más de 100.000 euros que el Ayuntamiento abonó en los siete últimos años. Una denuncia que obligó al alcalde a cerrar inmediatamente las instalaciones.
Ahora la juez, en un auto judicial, ordena proceder a “incoar diligencias previas, para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito”.
Por este motivo, la juez solicita a la jefatura de la Policía Local información sobre todas las incidencias, partes, quejas y actuaciones acometidas por los agentes locales en relación Asociación y Auxilio de Animales de L’Alfàs del Pi durante los años 2012, 2013 y 2014.
Igualmente, insta a la secretaría Municipal del Ayuntamiento a que aporte numerosa documentación, entre otros: los expedientes administrativos relativos a las subvenciones, ayudas o premios efectuadas por el Ayuntamiento a favor de la Asociación; escritos, jejas y denuncias presentadas en el Consistorio por el mal funcionamiento de la Protectora; informes de los técnicos municipales, Seprona y la OCAPA de la Marina Baixa sobre el incumpliendo de la Ley de Protección de Animales; el informe de la Comisión técnica de seguimiento del Convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación; y los expedientes por la ejecución de obras sin licencia y por el ejercicio de la actividad sin las autorizaciones pertinentes, como son la posesión de la licencia municipal y la inscripción en registro oficial de Núcleos Zoológicos.
También solicita la magistrada, a la Dirección Territorial de la Generalitat Valenciana, un informe sobre si la Asociación estaba debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de Protección y Defensa de los animales de la consellería de Agricultura y Medio Ambiente.
La juez dispone a que se practiquen dichas diligencias, con la mayor brevedad posible, para determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos, así como las personas que han intervenido. Podrían ser llamados a declarar como posibles inculpados de los posibles delitos acaecidos, además de la dueña de la Asociación, Nicole Neumann; el concejal de Urbanismo, Vicente Soler; la edil de Hacienda, Mayte García; la concejal de Sanidad, Vicenta Baldó; la Técnico municipal, María José Pingarrón; y el Secretario Municipal, Rafael Frías.
Sin perjuicio de otras calificación jurídico penal que pueda corresponder a nuevos hechos que surjan de la investigación, los delitos por los que podrían ser condenados son: maltrato animal (articulo 337 del Código Penal), prevaricación administrativa ( articulo 404 del Código Penal), omisión del deber de perseguir delitos (articulo 408 del Código Penal), malversación de caudales públicos (articulo 432 del Código Penal) e infidelidad en la custodia de documentos (articulo 413 del Código Penal), un delito de fraude en la contratación ( articulo 436 del Código Penal), un delito de fraude de subvenciones (articulo 308 del Código Penal), un delito de falsedad en documento publico (articulo 390 del Código Penal) y un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, previsto en el articulo 542 del Código Penal.

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