BENIDORM.- El Ayuntamiento trabaja en una propuesta de acuerdo para culminar el proceso jurídico de Armanello iniciado en 2013

Todos los informes técnicos rechazan la pretensión del urbanizador de ser indemnizado en 1,7 millones de euros por la liquidación del contrato y por daños y perjuicios

El Ayuntamiento trabaja en una propuesta de acuerdo para culminar en los próximos días los trámites para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que anuló las cargas impuestas por el urbanizador del PAI Armanello a los propietarios del suelo. Esta sentencia es firme desde enero de 2013 y el TSJ ha venido reiteradamente reclamando al Ayuntamiento que adopte los acuerdos necesarios para ejecutar este fallo.

Todos los informes técnicos desestiman la hoja de valoración presentada por el agente urbanizador, en la que reclama más de 1,7 millones de euros por la liquidación del contrato y por daños y perjuicios.

El gobierno local ha trasladado al resto de grupos de la corporación todos estos informes en una Junta de Portavoces celebrada esta mañana a la que también han asistido los técnicos de los departamentos de Contratación, Ingeniería, Arquitectura, Secretaría y Urbanismo. En esta Junta de Portavoces los técnicos han explicado el contenido de sus informes y han respondido a las dudas planteadas por los distintos grupos municipales.

La titular de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado que la intención del Ayuntamiento es cancelar el contrato con el agente urbanizador y el programa de Armanello presentado por éste en 2001, y rechazar su liquidación. Según Caselles, con la anulación del programa el Ayuntamiento “estaría ejecutando la sentencia del TSJ que anuló las cargas excesivas impuestas por el urbanizador a los propietarios del suelo”.

Caselles ha indicado que en los trámites iniciados hace casi tres años para cumplir con esta sentencia “se ha tenido todo el celo posible para evitar posibles reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, o al menos para intentar que éstas, en caso de llegar, “no tengan base y no puedan prosperar”.

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con la defensa jurídica del agente urbanizador para intentar agilizar todo el procedimiento y encontrar la solución que no perjudique los intereses municipales.

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