BENIDORM.- El Gobierno anuncia que el nuevo pliego de la zona azul mantendrá la bajada de precios y la tarjeta residente

Mª Carmen Martínez: “no renunciamos a las mejoras que habíamos logrado y a buscar una solución para los trabajadores”

La concejal de Movilidad, Mª Carmen Martínez, ha anunciado que los técnicos municipales han recibido ya instrucciones para empezar a elaborar el nuevo pliego que regirá los contratos de zona azul y el de señalización vial, que saldrán a concurso por separado tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. “Nuestra decisión es mantener las mejoras previstas, con una bajada del 17% en el precio, lo que situará el precio de estacionamiento a 50 céntimos de euros la hora, frente a los 60 actuales, lo que nos convertirá en una de las ciudades españolas con el precio más barato”, ha apuntado la edil. Martínez también ha anunciado que “se mantendrá la tarjeta residente, es decir, las bonificaciones para los vecinos y vecinas empadronados en Benidorm y residentes en las zonas afectadas”.

Martínez ha subrayado que, “tras el caos provocado por la anterior concesionaria, los problemas provocados por el PP al intentar judicializar el asunto, y los intereses de empresas del sector, este Gobierno local ha asumido una serie de compromisos que mantendrá hasta el final, y que redundarán en la mejora del servicio y las prestaciones, así como en el coste que supone para la ciudadanía”. En este sentido, la edil ha mostrado su “solidaridad con los trabajadores y sus familias, que están pasando por momentos de gran dificultad, pero que saben que desde este Gobierno municipal estamos haciendo todo lo posible para reconducir la situación y sacar el nuevo pliego lo antes posible”.

“La sociedad benidormense sabe que nuestro deseo sería haber podido poner en marcha todas estas bonificaciones mucho antes, pero factores externos nos lo han impedido”, ha apuntado. Martínez ha recordado que la decisión del Tribunal Administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, “podría ser recurrida por el Ayuntamiento, con amplias posibilidades de que nos dieran la razón, según los técnicos consultados”. El Gobierno ha optado sin embargo por no dilatar el proceso varios años y buscar una solución más rápida.

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