El alcalde de Altea, Jaume Llinares y Pere Lloret, concejal de Hacienda, han comparecido en rueda de prensa para informar sobre la situación económica del Ayuntamiento de Altea; a los que han acompañado las portavoces de los grupos políticos del equipo de gobierno, Imma Orozco, Verónica López y Beatriu Nomdedeu.
Como ha manifestado el edil de Hacienda, ‘’la situación actual del Ayuntamiento de Altea tiene, desgraciadamente, un protagonista principal: la deuda. Nos encontramos en un contexto normativo dirigido a reducir el endeudamiento como objetivo prioritario sobre cualquier otra consideración. Por tanto, si, como es el caso, sobrepasamos los límites fijados como tolerables, las posibilidades de acción del gobierno municipal (al fin y al cabo, las posibilidades de mejorar el entorno y la calidad de vida de los alteanos) se ven seriamente limitadas. El endeudamiento heredado nos paraliza”.
El concejal ha explicado la situación de las cifras de la deuda bancaria que, al cierre de 2015, es la siguiente:
Capital pendiente préstamos Ayuntamiento: 18.665.332,21 €
Capital pendiente préstamos Empresa Pública: 1.539.885,54 €
Póliza de crédito Empresa Pública (corto plazo): 200.000,00 €
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA: 20.405.217,75 €
Según el concejal, por lo que corresponde al Ayuntamiento, la parte más importante tiene que ver con los préstamos concertados en 2012 (por un capital inicial de 14,7 millones) y 2013 (capital inicial: 815.000 euros) para liquidar a los proveedores, acogiéndose al mecanismo establecido por el Ministerio de Hacienda para hacer viable el pago de la deuda comercial de los ayuntamientos y comunidades autónomas.
Pere Lloret ha explicado también la situación económica respecto a la Empresa Pública, en la que la deuda se compone de dos préstamos hipotecarios. Uno de ellos, por la adquisición de la Finca Santa Bárbara (formalizado en el año 2005 por 2.164.000 euros y con un capital pendiente por amortizar de 1.469.000 €) y el otro, con 70.800 € pendientes, por financiar obras en la calle Santa Teresa.
La Empresa Pública es, además, titular de una operación de crédito de 200.000 € para gestionar sus necesidades de liquidez.
Los pasivos contingentes
‘’Las cifras actualizadas de la deuda bancaria, a pesar de su contundencia, no nos permiten una visión completa de la situación’’, indicaba Lloret. ‘’Hay que tener en cuenta, y más en nuestro caso, los “pasivos contingentes”, es decir, las obligaciones a las que se deberá hacer frente en un futuro próximo. Para entendernos, sentencias judiciales que tocará satisfacer’’, explicaba el edil.
Por su importancia económica y la alta probabilidad de que se produzca este año una sentencia condenatoria definitiva, tres contenciosos encabezan la lista:
– PAI del río: Altea Futura, S.L. reclamación de 12.274.756,82 €. Sentencia favorable a la mercantil demandante, apelada ante el TSJ. Se tramita actualmente la solicitud por parte de Altea Futura de ejecución provisional parcial de la sentencia, por una cantidad de 7.710.898,65 €.
– Palacio de los Deportes: UTE Agricultores de la Vega. La sentencia, de diciembre de 2011, condenaba al Ayuntamiento a pagar el principal más intereses. Tan sólo se hizo el pago del principal. Cantidad inicialmente reclamada por la UTE: 1.129.678,51 €. El Juzgado estima las alegaciones del Ayuntamiento en torno a la liquidación de intereses y el importe queda reducido a 1.049.160,39 €. Como ha explicado el concejal de Hacienda, ‘’esta fue la sorpresa de 2015, y nos enteramos con los presupuestos ya elaborados. Evidentemente, sin ninguna previsión presupuestaria, estamos valorando las posibles alternativas para hacerle frente y sus repercusiones”.
– FCC Medio Ambiente, S.A. La cantidad total reclamada asciende a 1.562.703,10 € más intereses. Existe sentencia condenando al pago. En la actualidad, en apelación al TSJ.
Estas tres sentencias por sí solas incrementarían la deuda en 15 millones de euros (14.886.000 €, para ser más precisos).
Se puede establecer un segundo grupo de contenciosos, con una repercusión económica no tan importante como las del primer grupo, y con un mayor grado de incertidumbre cuando el tiempo o el sentido de las resoluciones, explicó también Lloret.
– Monver Inmobiliaria, S.L.: 325.276,77 €. Responsabilidad patrimonial por la resolución del PAI Sierra Alta del PP Alhama Springs.
– UTE AGUAS DE ALTEA: Consta recurso contra el pago del canon variable 3ª pasada de la facturación de 2015: 81.309,08 €
– También en materia de agua, varios contenciosos con el Ayuntamiento de Callosa, relacionados con la urbanización Santa Clara , por una cuantía económica objeto de discusión de unos 176.000 €
– Jardín de la Argentina. Almudi Altea, S.L. reclama 310.710 € (excluidos intereses y costes).
– Responsabilidad patrimonial, varios contenciosos por los que se estima necesario hacer una provisión alrededor de 300.000,00 €
– Otros que, a fecha de hoy, no disponemos de estimaciones económicas: resolución contractual de las obras de la guardería, conflictos relacionados con expedientes de expropiación, un segundo recurso al jardín de la Argentina …
Pere Lloret, añadió que habría que hacer un apartado de asuntos varios, entre los que estarían incluidos los que, de momento, no tienen ningún recorrido judicial y por tanto no caben dentro de la categoría de pasivos contingentes. Dos son los puntos más destacables:
– La situación y las reclamaciones planteadas por empresas concesionarias (U.T.E. Aguas de Altea, Asterita Inversiones y Parking Altea) alrededor de su rendimiento económico. La concesionaria del agua tiene un desequilibrio reconocido por un plenario de julio de 2014 de 1.437.000 €. Su incidencia económica es difícil de valorar en estos momentos, donde nos encontramos en un escenario de negociación.
– Caixa Rural Altea solicita el reconocimiento de la deuda originada por las operaciones de compraventa y permuta relacionadas con la ampliación de la Plaza del Convento. Las cantidades reclamadas suman 384.985,12 €.
Para concluir, Pere Lloret ha declarado que ”las cifras y los contenciosos presentados no son el fruto de la mala suerte. Son la consecuencia de una gestión y tienen unos responsables. Plantean cuestiones sobre las prioridades, intereses, condicionantes, políticas, etc. que nos han llevado hasta aquí. Sin embargo, toda esta información no pretende entrar en la valoración ni en el análisis detallado de cada caso. Su objeto es concienciar a la ciudadanía de la dimensión cuantitativa del problema, que tendrá hipotecadas las posibilidades de desarrollo de proyectos durante la próxima década”.