BENIDORM.- Ciudadanos por Benidorm presenta una moción para que no se prorrogue tácitamente el contrato de la concesión de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado

Nuestro Grupo Municipal, en defensa de los intereses de todos los vecinos, presentó en tiempo y forma para el pleno anterior, el del día 30 de mayo, una moción que denunciara la “no prorroga de los contratos de la explotación del servicio municipal de agua potable y de alcantarillado en nuestro municipio”.
Esta moción fue presentada el día 17 de mayo, por lo que debería haber sido incluida en el orden del día del Pleno anterior, y que se nos dijo que iría a un Pleno extraordinario a mitad de mes que nunca se ha celebrado
El objetivo que persigue es la simple denuncia de la intención de no prorrogar el contrato, para que el Ayuntamiento mantenga todas la garantías y ventajas ante una decisión tan importante, tener todas la opciones abiertas, y no dárselas sin más al concesionario.
Parece que dicha moción se adelanta un año en el tiempo, puesto que el contrato de la concesión finaliza el 1 de julio del 2017, la realidad es que el margen de actuación que teníamos cuando se presento era muy escaso, y el que tenemos ahora ya es extremadamente reducido, de apenas tres cortos días para que el contrato no se prorrogue tácitamente.
Por ello es una decisión política, para la que los informes sólo deben poner de relevancia datos sobre el estado de la concesión, y la realidad económica de la misma, según la propia Intervención Municipal, que el Ayuntamiento pueda obtener del concesionario del contrato unas condiciones más favorables, como queda demostrado en las diferentes propuestas que ha ido presentado el concesionario en las que ofrece la realización de inversiones por importes crecientes, a financiar con cargo a los fondos de renovación de los ejercicios afectados por la nueva prórroga, queda demostrado que existe un desequilibrio económico a favor del contratista, cuya corrección sólo puede venir del resultado de someterlo a concurrencia pública, para que otras empresas en concurrencia competitiva puedan ofrecer mejores condiciones para todos los benidormenses.

La cronología de los acontecimientos más relevantes que han sucedido con estos contratos es la siguiente:
Informales que la formalización del contrato de la explotación del agua potable, con la empresa concesionaria, data del año 1987, y se le aplica la Ley de Contratos del Estado de 1965.
En el año 1995 se adjudica a la misma empresa concesionaria, el servicio municipal de alcantarillado, contrato al que se le aplica la misma Ley de Contratos del Estado de 1965.
En el año 1997 tiene lugar la 1ª prorroga al no ser denunciada la intención de no continuar el contrato en el plazo establecido.
En octubre del año 2001, se aprueba la gestión conjunta del abastecimiento de agua potable y alcantarillado, mediante la prolongación de la duración del contrato de alcantarillado.
En junio de 2002, mediante un “Documento de formalización de la modificación del contrato de gestión del servicio público de alcantarillado”, cuya primera clausula dispone que “contrato de alcantarillado pasa a tener el mismo régimen contractual respecto a la duración del contrato que el de gestión del servicio público de agua potable”.
En noviembre de año 2004, se aprueba una 2ª prorroga, como fórmula para mantener el equilibrio económico de la concesión con motivo de la ejecución de las inversiones por parte de la empresa concesionaria, de las que entre ellas tenemos las obras que se están realizando actualmente en la calle del Pino y Ruzafa, prácticamente finalizando la prórroga.
En 2008, el Partido Popular en el gobierno de la ciudad, aprobó una prórroga hasta 2037, por 10 millones de euros y 3 millones de euros de adelanto, que fue anulada por la Sentencia 412/2.010 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Alicante.
En 2010, el Partido Socialista en el gobierno de la ciudad, aprobó una prórroga hasta 2024, por 2,5 millones de euros de canon de la concesión y 5 millones de euros en inversiones, que fue anulada por la Sentencia 547/2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
A finales del año 2010, se aprueba la incoación de los Planes de Prevención de Riesgos y Emergencias como complemento obligatorio al Plan Territorial Municipal frente a las Emergencias que había sido aprobado por el Pleno de la Corporación con anterioridad, estos planes son tres, un Plan Local de Prevención de Riadas e inundaciones y de drenaje urbano para la protección pública y medioambiental en el municipio; un Plan Local de Prevención de sequías y de aprovechamiento de recursos hídricos mediante autoabastecimiento y reutilización de las aguas regeneradas y de lluvia; y un Plan Complementario de mejora de la infraestructura hidráulica.
En el año 2012 con la aprobación del Plan de Ajuste, se provoca un retraso en el desarrollo de los mismos, ya que su ejecución se ve afectada por el obligado ajuste presupuestario que imposibilita que la financiación se realice con cargo al presupuesto.
A requerimiento del Ayuntamiento, la concesionaria presenta un Documento Básico de definición técnica y desarrollo de los citados planes locales.
Que de nuevo fue el pretexto perfecto para iniciar un expediente administrativo para intentar una nueva prórroga que no culmino con éxito.
Nuestro Grupo Municipal CBM, en defensa del interés general presenta esta moción, totalmente respaldada, por los informes de Intervención, que son rotundos, y dejan bien claro que las prórrogas contractuales, suponen alargar la vida del contrato, pero con las mismas condiciones que venían establecidas en el contrato inicial, por lo tanto no cabe plantearse que por la prórroga del contrato se puedan establecer unas condiciones distintas de las inicialmente previstas, aunque fuesen beneficiosas para el Ayuntamiento, porque estaríamos ante una novación contractual y no una prórroga, que según diferentes órganos tales como el Consell Juridic Consultiu, y como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, no respeta el principio de libre concurrencia de todos los interesados, lo que a todas luces va a provocar los correspondientes contenciosos-administrativos de las empresas que quieran concurrir a un concurso público pudieran plantear. Más gastos judiciales para el Ayuntamiento, es decir para todos los benidormenses.
En cuanto a la moción presentada por el Partido Popular, a debatir en el punto anterior en el orden del día al de nuestra moción, puesto ahí con toda la intención, que pretende prorrogar por 10 años con la advertencia de su posible reducción temporal por razones de interés público, no va a ser posible.
Y de aprobarse la prórroga deberá cumplirse íntegramente, puesto que en caso contrario la empresa concesionaria requeriría una indemnización tal al Ayuntamiento que este será incapaz de hacerle frente, sin contar que la condición de adelantar los plazos en el cumplimiento del Plan de Ajuste, de igual forma, no va a ser posible, más cuando, en repetidas mociones de nuestro grupo han exigido su cumplimiento en cuanto a las medidas organizativas y de control del gasto, que son las únicas acciones que permitirían esa amortización anticipada de deuda que lo haría realizable.
Aunque la coyuntura sobre este asunto se antoja en contra, por lo menos nos queda la satisfacción de haber hecho todo lo posible para cumplir con el Contrato Electoral que nos compromete con nuestros votantes y con el resto de nuestros convecinos, en defensa de sus intereses, en este caso en todo cuanto lo que supone para sus bolsillos hacer uso de unos servicios tan básicos como los del suministro de agua potable y alcantarillado.

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