La moción contra los desahucios en Benidorm, aprobada en pleno de noviembre de 2014, contemplaba la creación de un registro municipal de viviendas destinadas a alquiler social compuesto por casas municipales, particulares y gestionadas por entidades financieras. El concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, preguntó en el pleno de noviembre del año pasado al respecto y la respuesta fue que estaba en negociaciones. En abril de este año, a pregunta del mismo en comisión informativa, se contestó que faltaba un informe jurídico. Pasan los meses y el registro de viviendas no está completo.
“Podemos entender el tiempo de aclimatación del gobierno local hasta que es consciente de las mociones y acuerdos que quedan por cumplir de gobiernos anteriores, pero también creemos que hay cuestiones que deben tener una respuesta más rápida, como la social y por eso no comprendemos el retraso en su resolución “, señaló Bigorra.
En ese sentido, recordó que desde que se informó por parte de la Concejalía de Bienestar Social que se estaban realizando entrevistas con directores de banca para concretar diferentes acuerdos para completar el registro municipal de viviendas sociales hasta ahora han pasado más de seis meses y desde que se dijo que sólo había un informe jurídico en comisión informativa, casi dos. “En la actualidad tenemos un cupo muy reducido de viviendas sociales porque sólo contamos con las de propiedad municipal, de las cuales están prácticamente todas ocupadas, lo que invita a agilizar estos trámites con propietarios privados para estar preparados ante cualquier situación de emergencia y no tener que pedir ayuda a las que son propiedad de Conselleria “, indicó el portavoz.
Además, también ha recordado que en el pleno de abril se aprobó una moción del grupo municipal para solicitar al gobierno del Estado que se introduzcan modificaciones legislativas para que las personas en peligro de desahucio, en atención a su situación social y económica, se les aplique la exención de tasas e impuestos por el riesgo a la pérdida de su vivienda, para dar cumplimiento íntegro al acuerdo de 2014.
“Sólo con el cumplimiento íntegro de la moción antidesahucios nos aseguraremos de que las personas con riesgo de exclusión social están perfectamente atendidas”, concluyó.