El tribunal ha ratificado el precio marcado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
El Ayuntamiento planteará un recurso de casación para salvaguardar y proteger el interés general en previsión de que también recurra la propiedad, que exige 50 millones de euros
El Ayuntamiento va a recurrir ante el Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que fija en 5.963.131,29 euros el importe a pagar por la expropiación de un suelo en la partida El Moralet propiedad de la mercantil Iniciativas Comerciales Benidorm SL (Incobe). La sentencia, dictada el pasado 4 de febrero, fue notificada ayer al Ayuntamiento y hoy ha sido trasladada a todos los grupos de la corporación.
Este fallo judicial ratifica así la cantidad fijada en marzo de 2013 por el Jurado de Expropiación Forzosa de Alicante, rechazando así las hojas de aprecio presentadas por el Ayuntamiento y por Incobe. Concretamente, la hoja de aprecio municipal, encargada por el anterior gobierno bipartito a una empresa externa, estima el coste de la expropiación en 99.863,82 euros -72.773,97 euros más el 5% del premio de afección-. La empresa, por su parte, defiende que el suelo vale 50.139.743,69 euros.
La concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha explicado que el Ayuntamiento va a plantear un recurso de casación ante el Supremo para “salvaguardar y proteger el interés general”, ya que “nos tememos que la mercantil va a recurrir para reclamar que la expropiación se incremente hasta los 50,1 millones de euros”.
Caselles ha indicado que para evitar sorpresas desagradables, como ya ocurrió la pasada legislatura con una de las expropiaciones del parque de Foietes, es necesario que el Ayuntamiento esté presente en el procedimiento “para que su posición sea tenida en cuenta”, y para poder defender que el justiprecio debe ser inferior a 5,9 millones de euros.
La titular de Urbanismo ha recordado que este procedimiento expropiatorio se remonta a 2012. En un primer momento los técnicos municipales plantearon que lo más conveniente, en lugar de pagar en metálico, era hacer frente a esta expropiación entregando a la propiedad “aprovechamiento urbanístico a cambio del suelo”. No obstante, tras la entrada en el gobierno de los liberales de Gema Amor, el Ayuntamiento cambió el paso y optó por pedir a una empresa externa que valorara ese suelo. Esta valoración redujo el precio de los terrenos hasta alrededor de los 73.000 euros.