BENIDORM.- El PP exige a Navarro que retire de inmediato la publicidad electoral insertada en “vallas ilegales”, incluida la del PSOE

González de Zárate denuncia que Amor también está empleando vallas que no son las de la concesionaria del mobiliario

Recuerda que el uso de estas vallas supone “una infracción urbanística” y que “el tándem Navarro-Amor” no hizo la ordenanza para regular la publicidad en vía pública

El edil del grupo municipal del Partido Popular José Ramón González de Zárate ha exigido al alcalde, Agustín Navarro, “la inmediata retirada” de toda la publicidad electoral insertada “en vallas ilegales”, incluida la del PSOE. En rueda de prensa el concejal ha recordado que a falta de una ordenanza que regule la instalación de publicidad en la vía pública, las únicas vallas legales son las que gestiona la concesionaria del mobiliario urbano, Impursa.

Desde el PP se ha detectado que tanto el PSOE de Navarro como los Liberales de Benidorm (LIBE), el partido de Gema Amor, “están utilizando vallas que no son de la concesionaria para hacer campaña electoral”; el primero en la zona de Discotecas y Amor en L’Aigüera. Según González de Zárate, aunque hay otros partidos que también han recurrido a vallas ilegales, el caso de socialistas y liberales es especialmente sangrante, ya que ambos partidos están o han estado gobernando y conocen a la perfección que vallas son legales y cuáles no.

Es más, el edil ha recordado que tanto el PSOE como Amor anunciaron en su día que estaban trabajando en esta ordenanza y que iban a aprobarla. Algo que finalmente no ha ocurrido, lo que ha privado al Ayuntamiento de obtener “unos ingresos anuales de 400.000 euros”, unos “2 millones de euros desde 2010 hasta ahora”.

Sin esa ordenanza, ha explicado González de Zárate el uso de estas vallas “es una infracción urbanística” –al igual que el instalar publicidad en fachadas u otros elementos-, y como tal debe imponerse la sanción “a la empresa anunciadora”, que en este caso serían el PSOE y LIBE.

El concejal ha instado a Navarro a que “por una cuestión de ética y moral” dé la orden para que las brigadas municipales retiren esa publicidad o, en su defecto, que “saque a los celadores a la calle a poner la correspondiente sanción urbanística”. “Si no quieren retirar los carteles, al menos que el Ayuntamiento tenga unos ingresos por esas infracciones”, ha apostillado.

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