El Pleno aprueba por unanimidad adjudicar una calle a Salvador Solbes Benimeli, ‘Dolçainer’
El Pleno Municipal aprobó ayer con los votos favorables del equipo de gobierno (Compromís-PSOE) y de la concejala de UPyD y la edil no adscrita reclamar al Gobierno Central que permita al Consell legislar para implantar en la Comunidad Valenciana una Sanidad Universal. El PP votó en contra de la propuesta.
Esta petición llega como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015 por el que se interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 3/2015, del 24 julio, del gobierno valenciano.
Esta primera norma emanada del gobierno del Botánico regulaba el acceso universal a la atención sanitaria en el País Valenciano, pero el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy argumentó que el decreto incurría en una extralimitación de competencias del Consejo. Semanas después, la ley valenciana quedaba suspendida cautelarmente al admitir el alto tribunal el recurso del gobierno español. No fue hasta el 4 de marzo del año siguiente que el Constitucional levantó la suspensión del decreto ley, solicitada por el Consejo, que argumentó motivos de salud pública a la vez que señalaba los antecedentes jurídicos del País Vasco y Navarra.
Finalmente, este pasado 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el decreto. De esta forma, el TC estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra este decreto, al considerar que entra en contradicción con la normativa básica estatal.
Así, la cobertura sanitaria queda reducida a las personas que tienen la condición de aseguradas y a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, y deniega la atención sanitaria a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España.
El decreto de la Generalitat Valenciana contempla el acceso al sistema sanitario de los extranjeros en situación irregular en iguales condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana, de forma que los inmigrantes que acceden a la tarjeta SIP –la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública cifra en más de 20.000 las personas beneficiadas con el decreto– tienen acceso a la cartera común básica de servicios y se los asigna un médico de medicina general. En el caso de necesitar una asistencia especializada en un hospital, el tratamiento de fármacos o de prestaciones ortoprotéticas, también se incluyen en la asistencia.
Los requisitos para acceder a la tarjeta son ser extranjero mayor de edad y no tener cobertura sanitaria ni por el Estado ni por parte de un seguro sanitario, mutua o un tercer país al cual se pueda facturar por atención. Otra de las condiciones que recoge el decreto es la acreditación de una resistencia efectiva mínima previa en el País Valenciano de tres meses.
A pesar de que por precepto legal se tiene que acatar la sentencia, Callosa d’en Sarrià a través de acuerdo plenario de ayer pide al Gobierno Central que no impida que los representantes de la sociedad valenciana puedan legislar para asegurar los derechos básicos de las personas (sanidad, educación, vivienda, energía, etc.) en territorio valenciano. Igualmente solicita al Consell que tome las medidas necesarias para que ninguna persona residente en el País Valenciano se vea en una situación de crueldad y desatención en materia sanitaria.
Por otro lado, el Pleno aprobó ayer también adherirse al Código Ético del Turismo Valenciano con los votos a favor del equipo de gobierno y de la concejala de UPyD y la edil no adscrita; el PP se abstuvo en este punto.
Una calle para Salvador Solbes Benimeli, ‘Dolçainer’
Asimismo, se acordó por unanimidad estudiar y adjudicar el nombre de Salvador Solbes Benimeli, conocido como ‘Dolçainer’, a una calle del pueblo. En los años 70 Salvador Solbes Benimeli donó gratuitamente al pueblo de Callosa d’en Sarrià una parcela de su propiedad en la que se podía perforar para extraer una cantidad suficiente de agua como para solucionar los problemas de sequía existentes. Esta parcela son los actuales Pozos de Sacos.
Asimismo, le cedió a la Comunidad de Regantes de Callosa el uso y gestión del agua extraída de las perforaciones, garantizando que el tesoro que donaba nunca dependiera de una sola entidad, sino que siempre fuera necesario un consenso para actuar sobre aquello que ha llegado a convertirse en una gran parte de la riqueza de los callosinos. La cesión fue aprobada en el Pleno Municipal del 30 de noviembre de 1979.