Coordinación y Relaciones Observatorio contra la Corrupción
En el día de ayer miércoles tres de febrero se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación por parte del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC) que en la Diputación Provincial de Alicante desde el partido político de Ciudadanos se rompió el pacto de investidura con el Partido Popular esgrimiendo como motivo la negativa del presidente de la institución, César Sánchez, a revocar los nombramientos del popular Bernabé Cano y del socialista Agustín Navarro como diputado de Cooperación y vicepresidente de la Comisión Especial de Cuentas. Y todo ello al parecer por estar ambos imputados.
Y dicha información llama poderosamente la atención a este Observatorio teniendo en cuenta que parece ser que se ha obviado que el actual Vicepresidente Segundo de la Diputación Provincial de Alicante y Alcalde de Crevillente D. Cesar Augusto Asencio Adsuar está también actualmente investigado (imputado) por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Elche en el Procedimiento de Diligencias Previas PA nº 830/2015/4, por delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente, constando como denunciantes el Ministerio Fiscal, Daniel Galvany Quesada y Vicent Selva Belén ( por Esquerra Unida País Valencià-Esquerra Republicana País Valencià: Acord Ciutadà) y el propio OCC.
En las instituciones públicas es necesario que sus integrantes sean un ejemplo de cara a la sociedad y que no exista la sombra de la duda ni el debate sobre si sus comportamientos pueden ser corruptos o faltos de la ética necesaria para su desempeño.
Por ello nos preguntamos desde el OCC si es ético y no es susceptible de responsabilidad política el que D. Cesar Augusto Asencio ya no sólo sea imputado por presunta prevaricación y delito medioambiental sino que utilice los medios a los que tiene alcance del Ayuntamiento que dirige para defenderse de una denuncia a costa del bolsillo del contribuyente.
Nos deberíamos preguntar en qué sociedad vivimos en la que los presuntos corruptos utilizan y se aprovechan de los servicios públicos para defenderse y los denunciantes se encuentran solos y sin la cobertura legal necesaria para poder denunciar las conductas irregulares.