La mayoría de la corporación ratifica la resolución del contrato aprobada el pasado septiembre
El pleno municipal de Benidorm ha rechazado por mayoría el recurso de reposición interpuesto por la empresa concesionaria de la piscina y el gimnasio del Palau d’Esports, Levantina de Servicios Acuáticos SL, contra el acuerdo de resolución del contrato aprobado el pasado 7 de septiembre.
Una resolución de contrato avalada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y que se fundamenta en los reiterados incumplimientos de la empresa, recogidos en numerosos informes técnicos municipales. Entre esos incumplimientos están: la falta del pago del canon de los años 2014 y 2015 –que han debido cobrarse en fase ejecutiva-; la falta de mantenimiento de las instalaciones; no haber ejecutado una serie de obras durante los seis primeros meses de contrato y no abonar los salarios a los trabajadores.
La concejala de Contratación, Lourdes Caselles, ha explicado que en su recurso de reposición la empresa ha reiterado “las mismas alegaciones que viene haciendo desde que se inició el expediente de resolución y desahucio” y que en su día ya fueron rechazadas por los técnicos municipales.
Además de ratificar el acuerdo de resolución del contrato, la corporación ha acordado también dar un nuevo plazo de ocho días a la mercantil “para abandonar las instalaciones” del Palau, con la advertencia de que de no hacerlo se procederá al desahucio administrativo, según recoge la propuesta. En caso de producirse este desalojo, será Levantina la que deberá asumir los gastos que correspondan.
Ante las preguntas planteadas por algunos grupos de la corporación respecto a la continuidad del servicio una vez que la concesionaria abandone el Palau, Caselles ha indicado que el gimnasio y la piscina permanecerán cerrados “entre uno y tres días” para que los técnicos municipales puedan realizar “un estudio más exhaustivo sobre el estado en que se encuentran las instalaciones”.
Posteriormente, será el Ayuntamiento quien asuma la gestión, externalizando aquellos servicios o tareas que no puedan ser prestados por personal municipal y que deberá determinar la Comisión Técnica creada al efecto.
Caselles ha señalado que en caso de que el concesionario plantee un contencioso-administrativo contra el acuerdo de resolución del contrato “será el juez el que determine”, ya que “no vamos a negociar con un incumplidor”.