El convenio que está siendo cuestionado por las formaciones de izquierdas es el que hace referencia a la Manzana A-2 del PRI de Poniente UE-1 sobre el cual pesa un informe de Intervención desfavorable a una adenda tramitada este mismo año.
El Interventor del Ayuntamiento asegura, en su informe técnico, que la aprobación de dicha adenda supondría una merma de más de 2 millones de euros para las arcas municipales puesto que se estaría aceptando un sobrecoste del 1000% sobre los trabajos pactados.
A su vez, los trabajos a los que se hace referencia se realizarán como sustitución a la compensación originalmente establecida para permitir al urbanizador un incremento de edificabilidad. Dicha modificación, objeto de la mencionada adenda, no está debidamente justificada según el propio informe de Intervención.
Sobre esto, la coalición que componen ambas formaciones, con la que concurrirán a los próximos comicios del 28M, Unides Podem-Esquerra Unida, aseguran que “es lamentable que el Alcalde gestione el Ayuntamiento en contra de los intereses de Benidorm y del propio Consistorio que preside” y que “si permite una merma de más de 2 millones de euros para el municipio es porque le sale a cuenta de una forma u otra”. En este sentido, la propia coalición afirma que “la idea de llevar este latrocinio ante la fiscalía es para evitar este atropello al patrimonio público y esclarecer que intereses esconde este turbio asunto”.
Del mismo modo, consideran que es “igualmente lamentable que los otro grupos municipales no hayan movido un dedo en contra de este latrocinio” y asegura que Unides Podem-Esquerra Unida “es el único garante del interés general”. Al mismo tiempo, ponen en entredicho “la lealtad para con Benidorm de PSOE y Ciudadanos en su ejercicio de oposición” y se preguntan “si estos partidos no han actuado contra esto, por incompetencia o por connivencia”.