BENIDORM.- Los Populares reclaman los informes de la sentencia del TSJ que anuló la prórroga del contrato de la EDAR aprobada por el gobierno de Navarro en 2010

El Gobierno de Agustín Navarro, en sociedad con el tránsfuga Bañuls, aprobó unilateralmente ampliar 14 años a 3 meses de su finalización

 El gobierno local prorrogó el contrato, que finalizaba en agosto de ese año, hasta 2024 y recibió a cambio la cantidad de 2’5 M/€ como canon en efectivo y 5 M/€ para ejecución de inversiones

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a exigir esta mañana “responsabilidad política cuando se cumplen casi 3 meses desde que se notificó la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana por la que se anula el acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2010, relativo a la prórroga del contrato de la EDAR aprobada por el gobierno de Navarro”.

El edil Popular, José Ramón González de Zárate ha recordado que “por aquellas fechas, al tiempo que recordábamos que con un gobierno serio y responsable, como lo era el del Partido Popular presidido por Manuel Pérez Fenoll, el Ayuntamiento de Benidorm y la concesionaria acordaron el 16 de octubre de 2008 la finalización del contrato, sin posibilidad legal de prórroga, estableciendo igualmente que, la duración de dicho contrato se mantendría ‘hasta la tramitación de un nuevo expediente de contratación, el cual deberá ser adjudicado con anterioridad al mes de febrero de 2010’. En definitiva, NO prorrogar la concesión que finalizaba en agosto de 2010 “.

González de Zárate ha querido recordar que “tan sólo 11 meses después de ese acuerdo unánime, se produjo la moción de censura y, ya con Bañuls como socio del PSOE y concejal de Aguas y Agustín Navarro de alcalde, el 31 de mayo de 2010, cuando sólo faltaban 3 meses para finalizar el contrato y haciendo caso omiso de dicho acuerdo Plenario de 16/10/2008, el PSOE y Bañuls acordaron la modificación del contrato de explotación de las infraestructuras de saneamiento y depuración del municipio de Benidorm”.

“Los concejales del Partido Popular votamos en contra, ha señalado José Ramón González de Zárate, de prorrogar ese contrato hasta el 31 de agosto de 2024, porque era incumplir lo dispuesto en el Real Decreto 8/2010 del Gobierno de España presidido por Rodríguez Zapatero y por el cual se impedía a los Ayuntamientos modificaciones y prórrogas de contratos, al tiempo que advertía que era necesario el informe preceptivo del Consejo de Estado para abordar este tipo de modificaciones”.

“Y conocido todo esto, el pasado 12 de septiembre reclamamos responsabilidades políticas tras conocerse esta dura sentencia, al tiempo que ofrecíamos nuestra colaboración para abordar sus consecuencias, atender su ejecución y paliar en la medida de lo posible las consecuencias que pueda tener para la actual economía del Ayuntamiento. Una sentencia a la que, recordó González de Zárate, el Ayuntamiento debía dar cumplimiento efectivo en el plazo de 10 días, a contar desde el pasado 8 de septiembre, fecha en la cual, con Registro de Entrada número 28.996, fue recepcionada por este Ayuntamiento, pese al inexplicable silencio mantenido hasta hoy por el alcalde y sus concejales”.

“Lo triste es que ese ofrecimiento fue contestado el mismo día por Dª Natalia Guijarro mediante un comunicado oficial en el que señalaba que “el pleno de Benidorm acordará en el próximo pleno (sic -por el del mes de septiembre, celebrado finalmente el día 29-) la ejecución de la sentencia que anula la prórroga de Aquagest Medio Ambiente”, destacando dicha nota que “los técnicos están estudiando cuál es la mejor fórmula contractual de cara al futuro” y que “nosotros acatamos la sentencia y estamos esperando a que los técnicos estudien el tema con profundidad”.

“Pues bien, de todo esto hoy se cumplen cerca de 70 días, con 2 sesiones Plenarias de por medio, y seguimos sin saber nada de nada, ha señalado González de Zárate, y nosotros desde el Grupo Municipal del Partido Popular creemos que este es un asunto bastante importante, por sus consecuencias económicas y contractuales para que el gobierno de Agustín Navarro y Gema Amor se pongan las pilas”.

“La ciudad de Benidorm tiene unas prioridades y unas necesidades que atender, y nuestros gobernantes se siguen dedicando a echar balones fuera, a la foto fácil y a vender humo. No hay gestión política, ni siquiera para las cosas urgentes e importantes, y así no se puede seguir”.

“Hoy, al tiempo que reclamamos toda la información, el expediente completo y todos los informes, volvemos a exigir responsabilidad a nuestros gobernantes locales y transparencia al gobierno de Navarro y Amor”.

Conrado Hernández

El portavoz del Grupo Socialista, Conrado Hernández, ha lamentado que el PP “cree un alarmismo innecesario y organice ruedas de prensa apocalípticas sobre cuestiones que siguen su trámite”. Hernández se ha referido en estos términos a la rueda de prensa del edil José Ramón González de Zárate sobre la sentencia que anula la prórroga de la Estación de Aguas Residuales a Aquagest Medio Ambiente. Hernández ha explicado que, tal y como estaba previsto, los departamentos de Ingeniería y Contratación han realizado en las últimas semanas sendos informes técnicos sobre la situación derivada de esta resolución, que ya han sido remitidos a la Secretaría para elevar a pleno la propuesta para ejecutar la sentencia, lo que previsiblemente ocurrirá en diciembre. “Mientras se realiza este trámite el anterior contrato continúa en vigor”, ha añadido. El edil ha recordado que la sentencia sobre la prórroga a Aquagest Medio Ambiente no afecta a las cuentas municipales, ya que el contrato anterior establecía una prórroga cada dos años. Parte del dinero que la mercantil adelantó ha sido amortizado, por lo que la cantidad es menor de la referida por el PP. El concejal ha explicado que la sentencia judicial es fruto del litigio que mantienen dos empresas del sector enfrentadas, Aguas de Valencia y Aguas de Barcelona. El portavoz socialista ha querido subrayar que el acuerdo anulado se firmó para obtener dinero con el que saldar la deuda millonaria que generaron los gobiernos del PP con Iberdrola en la propia EDAR.

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